La Comisión Digital
El Tribunal Apelativo declaró ayer nulo el nuevo Reglamento Conjunto de Permisos. Luego de tres años implementando una nueva ley de permisos acompañada de un reglamento de 972 páginas y sobre $5 millones en desarrollo de software, al Single Business Portal, que no era ni la sombra de lo que debería ser, se le acaba de apagar el sol.
Según reportó El Nuevo Día, en diciembre del 2019 habían 2,000 solicitudes de permisos aguantadas en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicho artículo reportó además la precipitosa caída de Puerto Rico en el Informe de Competitividad Global, donde luego de ostentar la posición 31 , nos colocaban en la posición número 122 de 144 países, con respecto a la carga que representa la reglamentación gubernamental.
De hecho, alcaldes del propio partido de turno han denunciado el empeoramiento de todo el proceso. Desde mi perspectiva el fracaso se veía venir desde que se firmó la Ley del Permiso Único.
En Silicon Valley usan el mantra de “fail fast” en referencia a cambiar de estrategias tan pronto identifican que el producto no está generando la aceptación de los usuarios. Aquí llevamos dos años fracasando lentamente en implementar una nueva ley de permisos que de salida diagnosticó mal el problema. Asumieron que tenía que ser tedioso para el empresario tener 5-6 papeles en un ‘bulletin board’ y diseñaron un sistema para que todo apareciera en un solo papel.
En vez de diseñarlo “user centric” se inventaron el modelo “paper centric”.
¿Cómo llegamos aquí?
La raíz del problema está en la falta de visión o desconocimiento de nuestros líderes electos, sobre cómo impulsar un modelo económico capaz de tomar ventaja de la era digital para desarrollarse. A nivel legislativo, pasaron una nueva ley de permisos donde dice, y cito: “Además, resulta inminentemente necesario que todas las solicitudes para permisos y uso de terrenos en nuestra Isla, se tramiten a través de un sistema electrónico único que brinde total uniformidad, certeza y agilidad a tal proceso.” La intención era loable, pero el problema con esta premisa es que estaba errada de salida.
Al parecer, nunca estudiaron ni buscaron comprender cómo se renovaban actualmente esos trámites. El hecho de que se renovaban sobre 100,000 transacciones anuales de licencias de salud ambiental y de bomberos. Existen procesos que ya estaban mecanizado y operando efectivamente de manera digital.
Entre otros desaciertos:
- Aglutinaron permisos de construcción con renovaciones de negocios existentes.
- Crearon un documento masivo de 900 páginas, tratando de encapsular todas especificaciones del proceso de implementación.
- Cerraron acceso a servicios funcionales y fáciles de tramitar por forzar todo a través del nuevo sistema.
- Diseñaron el nuevo sistema para consolidar certificaciones expedidas por diferentes agencias en un solo “permiso único” sin conocer en detalle las necesidades para expedir sobre 400 diferentes trámites.
La medición del Single Business Portal ha sido mediante las innumerables quejas y problemas que se han creado producto del mismo. Dejando en evidencia la carencia de conocimiento sobre dicho asunto y la incapacidad del gobierno de reaccionar y/o enmendar a la velocidad que requiere nuestra era.
El reglamento ahora fue declarado nulo por el Tribunal Apelativo. Por el bien de Puerto Rico es imperativo que encontremos una mejor forma de desarrollar política pública en la era digital. No podemos seguir legislando como en el siglo pasado, y mucho menos cuando se trata de temas tecnológicos.
Hacia una Comisión Digital
Propongo que la futura legislatura del 2021 se comprometa a crear una Comisión Digital capaz de evaluar toda legislación relacionada a adaptaciones, desarrollos tecnológicos o digitales para que, como lo define Tom Loosemore, apliquen la cultura, prácticas, procesos y tecnologías de la era de Internet para responder a las expectativas de las personas quienes impactan con esa ley.
La misma expectativa que tienes cuando usas Uva, DameUnBite o UberEats para pedir comida y te llega en 20-30 minutos mientras te informa cuando la pizza entró al horno, quien la recogió y cuando llegó a la puerta de tu casa.
¿Dónde está este resultado en el sistema creado para cumplir con la ley para reformar el proceso de permisos del 2017?
Para evaluar un proyecto que requiere la entrega de un servicio, la legislatura debe comprender el estado y complejidades de la agencia que responde a ese servicio particular. Se deben definir cuales son las necesidades de los usuarios para incrementar el nivel de satisfacción y reducir puntos de resistencia. Tienen que enfocarse en el resultado y medir si se puede cumplir o no. Deben además poder diagnosticar el delta entre el resultado deseado y la función de adecuación, para conocer rápidamente qué tan cerca está esa solución que diseñaron en lograr los objetivos establecidos.
Para hacer esto posible es imperativo que cualquier legislación a considerarse y que involucre un rediseño de un proceso digital, resida en una nueva comisión que cuente con el insumo de expertos en el diseño de aplicaciones y servicios digitales.
Equilibrar las visiones de la formulación de leyes y el universo de las posibilidades de la programación, mientras uno continúa restringiendo el potencial del otro, es un desafío central. Mi mayor temura es cómo se adaptará nuestro gobierno en esta era digital si la comunidad tecnológica se ve como el disidente a legislar soluciones que sirvan los intereses de unos pocos. Nuestro futuro como país es el que está en juego. Ya vamos por $120 millones en licenciamiento a Microsoft en 4 años y seguimos con los mismos problemas.
Estaré promoviendo este tema por el resto del año electoral. Sumando candidatos que quieran formar parte de esta nueva Comisión Digital y dotarla de los recursos para la formulación de políticas que respondan a las expectativas de nuestra era y que resulten en los servicios que nuestra gente amerita. Escriba si interesa conocer más detalles.