La factura de Deloitte

Ensayo

Hoy el Gobierno no puede pagarles a tiempo a sus suplidores. Educación ha completado 91 % menos órdenes de compra que hace un año. La ASG tuvo que emitir una medida temporal para que la compra de uniformes de cadetes de la Policía no se trancara en el sistema. Esta factura tiene nombre: Deloitte. Y tiene firma: la del Departamento de Hacienda, que durante los años decisivos del proyecto, bajo el secretario Francisco Parés Alicea (julio de 2019 a enero de 2024), respaldó a la empresa.

Deloitte implanta el ERP de Hacienda desde julio de 2018. En noviembre de 2019 el proyecto se detuvo a seis semanas de completar su primera fase, con $32.4 millones desembolsados. La Contralora concluyó que ese dinero se invirtió sin obtener los beneficios esperados y que los contratos ni siquiera detallaban las tareas de cada servicio. Lo lógico era cambiar de rumbo. En noviembre de 2022, Hacienda escogió de nuevo a la misma empresa, ahora por $73.1 millones, con la meta de terminar en diciembre de 2024. No se cumplió.

Lo que pasó adentro lo documenta la ponencia que la ASG presentó al Senado el 12 de noviembre: requerimientos que nunca se validaron con los usuarios, más de 350 requerimientos ignorados, órdenes de compra que se podían enmendar sin aprobación, entregables deficientes atados a millones en facturación, registros de defectos que Deloitte eliminó durante las pruebas y un contrato renovado sin los cambios que se pedían. Los términos los acordó Hacienda, con cláusulas de aceptación automática de entregables. Así, cada error de Deloitte se convertía en otra factura para corregirlo.

Puerto Rico no es la excepción. Es el patrón.

California. El sistema de casos de los tribunales que Deloitte desarrolló se abandonó en 2012, después de nueve años y unos $500 millones. El estimado había pasado de $260 millones a $1,900 millones. Deloitte, además, fue multada por no reportar el cabildeo que hizo a favor del proyecto.
Rhode Island. El sistema de beneficios UHIP arrancó en 2016 con miles de solicitudes sin procesar y Deloitte tuvo que acreditarle al estado $85.6 millones. En 2024, un atacante entró con credenciales de Deloitte y expuso datos de unas 644,000 personas.
Tennessee y otros estados. KFF Health News documentó errores en los sistemas de Medicaid de Deloitte en estados con contratos de al menos $6,000 millones. En Tennessee, un juez federal resolvió en 2024 que el estado violó la ley y la Constitución al cortar beneficios.
Australia. En 2025, Deloitte tuvo que reembolsar parte de un informe de A$440,000 al gobierno federal que traía referencias inventadas con inteligencia artificial.
Canadá. Terranova y Labrador pagó $1.6 millones por un plan de salud de Deloitte con citas falsas. Un organismo de contadores lo investiga.

Ese era el historial público de la empresa a la que Hacienda le volvió a entregar el proyecto en 2022. No fue falta de información: estaba en la prensa y en los tribunales. Lamentablemente, Parés la respaldó, y Hacienda firmó términos que protegían más al contratista que al Gobierno.

Las decisiones de gerencia pasan factura años después, cuando quien las tomó ya no está. Parés salió de Hacienda en enero de 2024 y el sistema arrancó en julio de 2026. Esa distancia no lo exime: lo explica.

La Comisión del Senado debe hacer las preguntas que plantea la propia ASG: quién evaluó cada advertencia, qué recomendaciones se descartaron y por qué. Y una más: por qué, con ese historial, se le volvió a contratar a Deloitte.

No confundir con Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación.

Descargar el ensayo (PDF)Ponencia de la ASG, con las referencias a Hacienda resaltadas (PDF)

Fuentes