El Proyecto 0273: Súmale ineficiencia administrativa al desmantelamiento cultural
El Proyecto del Senado 0273, presentado por Tomás Rivera Schatz, propone la derogación de la Ley 89 de 1955, que estableció el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Esta iniciativa desencadenará un intenso debate debido a su impacto en la preservación cultural. Sin embargo, desde mi perspectiva, es crucial profundizar en lo que parece ser su verdadera motivación subyacente: la eliminación de obstáculos burocráticos en procesos de construcción y exenciones contributivas. Antes de recurrir a la centralización y eliminación de agencias, es necesario analizar si el problema radica en la existencia del ICP o en la falta de infraestructura digital que permita una gestión más eficiente.
La especulación sobre el motivo detrás de esta propuesta sugiere que ciertos sectores consideran al ICP un escollo para el desarrollo, debido a su rol en la evaluación de permisos y exenciones contributivas para propiedades de valor histórico y cultural. No obstante, reducir la función del ICP únicamente a la permisología es una visión limitada de su propósito. El ICP cumple un papel fundamental en la preservación del patrimonio y en la promoción de la cultura puertorriqueña. Si el problema es la demora en la aprobación de permisos y exenciones, la solución no debería ser la eliminación de la agencia, sino la modernización de los procesos administrativos mediante tecnología eficiente.
El problema real no es la existencia de múltiples agencias con responsabilidades diferenciadas, sino la falta de interoperabilidad entre sus sistemas. Actualmente, las agencias en Puerto Rico operan de forma aislada, lo que genera retrasos en la transferencia de información y en la toma de decisiones. La solución debería centrarse en la creación de plataformas digitales con módulos y APIs (interfaces de programación de aplicaciones) que permitan una comunicación bidireccional entre agencias. Por ejemplo, si Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) enfrentan dificultades para compartir información sobre exenciones contributivas y decretos, ¿la solución sería fusionarlas en una sola agencia? La respuesta lógica es no. Lo que hace falta es un sistema digital eficiente que facilite la comunicación y el intercambio de datos en tiempo real.
Un modelo exitoso a nivel internacional es Estonia y su sistema X-Road. Este sistema permite la integración y transmisión de datos entre diferentes entidades gubernamentales sin necesidad de centralizarlas. Cada agencia mantiene su autonomía, pero la información fluye de manera segura y eficiente entre ellas. Esto no solo reduce la burocracia, sino que también mejora la transparencia y la rapidez en los procesos gubernamentales. En lugar de eliminar el ICP o consolidar agencias bajo una sola entidad, Puerto Rico debería enfocarse en adoptar soluciones tecnológicas similares, que permitan modernizar los trámites sin comprometer la diversidad institucional ni la calidad de los servicios.
El sistema X-Road en Estonia es una plataforma de intercambio de datos que permite la interoperabilidad segura y eficiente entre las bases de datos y servicios de diferentes instituciones públicas y privadas.
La premisa de que la consolidación de agencias resuelve los problemas burocráticos es errónea, hay ejemplos de sobra, entre ellos el Departamento de Seguridad Pública y los Negociados. Consolidar agencias sin una infraestructura tecnológica adecuada simplemente traslada la ineficiencia de un lugar a otro. En cambio, adoptar un enfoque bottom-up, en el que se construyan sistemas tecnológicos modulares que faciliten la gestión interagencial, es una estrategia mucho más efectiva.
Si el verdadero objetivo del Proyecto del Senado 0273 es mejorar la eficiencia gubernamental, entonces la discusión no debe girar en torno a la eliminación del ICP, sino en cómo modernizar los procesos mediante la digitalización y la interoperabilidad de datos. Apostar por la innovación tecnológica en lugar de la eliminación de instituciones es la vía más efectiva para agilizar la gestión pública sin sacrificar el valor de las entidades que protegen el patrimonio cultural y económico del país.