Retroceso tecnológico: por qué PRITS no debe volver a OGP
En 2012, al final de la administración de Luis Fortuño, Puerto Rico se encontraba en un punto de inflexión en su agenda tecnológica. Juan Eugenio Rodríguez, entonces CIO, había impulsado adelantos importantes: la renovación de pr.gov, la creación de nuevos servicios en línea, la integración de Policía con el SIJC, el Registro Único de Licitadores (RUL), el plan de banda ancha y el PRHIN en salud. Aunque algunos proyectos tuvieron más éxito que otros, se estableció una base y un listado de próximos pasos para dar continuidad a esa visión. Sin embargo, la transición de gobierno en 2013 fue una debacle. En lugar de reconocer logros, el comité de transición se concentró en cuestionar los $400 millones en contratos de tecnología, sin distinguir entre herencias inerciales y avances genuinos.
La dinámica con los grandes suplidores como Microsoft y Oracle siempre fue problemática. Su modelo de negocio se ha basado en vender licencias costosas y promover “partners” locales que, en su mayoría, entregan soluciones mediocres a precios de lujo. Esto ha perpetuado un ecosistema dependiente, poco innovador y contrario a la creación de un verdadero liderato tecnológico gubernamental. De ahí nace también la cultura de cabilderos y foros que rara vez promueven excelencia, sino mas bien la venta de sus servicios, perpetuando la ineficiencia.
Cuando en 2013 me tocó servir como CIO, la visión era clara: abrir datos, usar tecnologías abiertas, democratizar el desarrollo y entregar resultados funcionales, como lo hacían en aquel momento referentes mundiales como el UK Digital Service o, poco después, el US Digital Service de Obama. Esa agenda se plasmó en el PS 614, un proyecto de ley que reconocía el rol del CIO como estratégico. Aunque logró pasar en el Senado, se engavetó en la Cámara. El cabildeo corporativo y la falta de voluntad legislativa frenaron el proceso.
No fue hasta 2019, con el PC 749, que se materializó la creación de PRITS por ley. Pero la versión aprobada incluyó un error de diseño: la confirmación del director requería consejo y consentimiento del Senado. Ese detalle ha hecho de la dirección de PRITS un campo minado político, donde solo una directora —Glorimar Ripoll— logró ser confirmada formalmente. El resto han ocupado el cargo en interinatos frágiles y sin continuidad, lo cual erosiona la credibilidad y el avance.
Hoy, pretender consolidar a PRITS bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es un retroceso de al menos diez años. En lugar de reconocer la tecnología como una política de Estado al más alto nivel, se degrada a un asunto administrativo. En países como Estonia, Reino Unido o Estados Unidos, el CIO ocupa un lugar de alta estima y es pieza clave en la modernización del gobierno. Aquí, por el contrario, se diluye la función y se relega al vaivén burocrático.
Puerto Rico necesita un liderato digital robusto, autónomo y visionario. La gente ya vive en un mundo de aplicaciones que funcionan como Uber, Airbnb o Facebook, y siente frustración cuando interactúa con servicios públicos torpes y obsoletos. Casos como CESCO Digital muestran lo que se puede lograr cuando hay continuidad, valentía para desplazar a los mediocres y compromiso con soluciones de clase mundial.
Regresar PRITS a OGP sería sepultar esa aspiración. Es condenar al país a quedarse rezagado mientras el resto del mundo avanza.
